La normativa legal venezolana contempla desde la constitución de 1961, un marco para la conservación del ambiente. Sin embargo, desde 1908, ya existían algunas disposiciones jurídicas que trataban la materia ambiental como lo fueron la Ley de Bosques y de Montes.
La constitución de 1999, también plantea la protección del ambiente como una prioridad nacional. Establece el deber de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro y el derecho de disfrutar de una vida y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, por lo tanto el Estado tiene la labor de proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos y las áreas protegidas.
En el año 1976 se promulgan la Ley Orgánica del Ambiente y en 1986 la Ley Orgánica de la Administración Central, mediante ésta última se crean el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, único organismo de esta naturaleza dentro de los países del Convenio Andrés Bello. La primera tiene como objetivo establecer dentro de la política del desarrollo integral de la nación, los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de vida.
Otra figura relevante es la de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, ésta determina, entre otras cosas, las pautas de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). Otros textos legales relacionados con la conservación del ambiente son: la Ley de Reforma Agraria, Ley Forestal de Suelos y Aguas, Ley de Protección a la Fauna Silvestre, Ley de Pesca, Ley de Minas.
En el ámbito internacional, los países de la región amazónica han establecido un convenio para uniformar criterios, vinculados a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad biológica, lo que desembocó en la creación de la Ley de Diversidad Biológica que establece la obligación de elaborar y actualizar la estrategia nacional con la finalidad de incorporar la gestión de la diversidad biológica en los planes de la nación, de tal forma que se tomen en cuenta el diseño de una política internacional ambiental de cooperación técnica y económica y la preservación de la áreas naturales protegidas.
Venezuela está suscrita a diversos acuerdos bilaterales de cooperación a favor de la conservación ambiental. Entre ellos: el Tratado de Cooperación para el Desarrollo de la Cuenca Amazónica, Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio marino de la Región del Gran Caribe, Protocolo de Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe, Tratado de Protección de la Naturaleza y sus Elementos, Tratado por el que se Prohíben los Ensayos con Armas Nucleares en la Atmósfera, en el Espacio Ultraterrestre y Debajo del Agua y Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bactereológicas y Toxínicas.
Actualmente se discute la aprobación de la Ley de Tierras en la Asamblea Nacional, normativa de alto interés para el ámbito ambiental, pues podría definir usos y limitaciones de terrenos públicos y privados.